La puesta en marcha del proceso para aprobar el matrimonio gay puso en marcha un debate que puso algunos palos en las ruedas de la ley 13/2005
La puesta en marcha del proceso legislativo que llevó a la aprobación en España del matrimonio igualitario, conocido también como “matrimonio gay” o “matrimonio homosexual” fue precedida y acompañada de un debate social que fue, en gran medida, artificialmente alimentado por la derecha del Partido Popular español.
Aún hoy, más de quince años después de la aprobación de la norma que permitió extender el matrimonio a los contrayentes del mismo sexo, cuando miles de personas disfrutan de los derechos adquiridos, hay algunas voces ya minoritarias que siguen repitiendo los argumentos de aquellos días y que se hacen eco del dictamen del Consejo de Estado al que nos referíamos más arriba.
Voces que abogan por reservar la palabra “matrimonio” a la unión entre cónyuges de distinto sexo y crear una figura específica para las uniones homosexuales.
Durante aquellos meses de 2004 y 2005 no fueron pocos los que predijeron la quiebra del concepto de familia debida a la desnaturalización que, según ellos, conllevaba la ley que el Gobierno estaba preparando.
Como decíamos, el 21 de abril de 2005, cumpliendo la promesa electoral del presidente Zapatero, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley que consagraba el matrimonio igualitario, con los solos votos en contra del Partido Popular.
De acuerdo con lo previsto por la Constitución, el proyecto de ley que salió del Congreso pasó al Senado, para ser debatido y, tras este debate, ser enmedado, aprobado o vetado.
EL SENADO DICE NO
El escollo fundamental para muchos senadores era el tema de la adopción por parte de parejas homosexuales, lo cual implicaba también conceder a los y las cónyuges de padres homosexuales la patria potestad sobre los hijos tenidos en otras parejas.
Se convocó a tres expertos para que evaluasen ante el Senado el impacto que podía tener sobre los menores el ser criados por dos padres o dos madres.
Dos de los tres expertos sostuvieron que, de acuerdo a la evidencia científica disponible, no suponía ningún daño para los niños y las niñas el ser criados por dos personas del mismo sexo.
Un tercer experto, sin embargo, pasó a la Historia por defender lo contrario.
Se trataba del psiquiatra Aquilino Polaino, que fue al Senado convocado por el Partido Popular. Afín al Opus Dei, si no miembro, Polaino califió la homosexualidad de patología y de “trastorno emotivo” (en contra de lo sostenido por los principales organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud).
Y por ahí, todo seguido. Según Polaino, muchos homosexuales tenían “antecedentes de violación sexual desde pequeños” o provenían de familias con padres “hostiles, alcohólicos o ausentes” o de madres “sobreprotectoras”.
El Partido Popular tenía mayoría en el Senado en aquel momento y, a pesar de que la mayoría de los expertos se habían pronunciado a favor de la letra de la ley, esta fue vetada y devuelta al Congreso.
EL REY DICE QUE NO ES BELGA
El 30 de Junio la ley 13/2005 fue votada de nuevo en el Congreso de los diputados y aprobada por aplastante mayoría.
187 diputados votaron a favor, incluyendo algunos diputados del Partido Popular, como Celia Villalobos. 147 votaron en contra (los diputados del PP más cuatro de CiU) y hubo cuatro abstenciones.
Faltaba solamente un trámite: que el rey sancionara la ley para que entrara definitivamente en vigor.
Esta era la última esperanza de los políticos que estaban en contra de la ley y a favor de las locas tesis de Aquilino Polaíno. La pregunta era ¿Qué podría más, la función de jefe del Estado o las convicciones -teóricamente católicas- del rey de España? Preguntado al respecto, don Juan Carlos se salió por la tangente y dijo que él era el rey de España y no de Bélgica.
Era un chiste para connaiseurs. El rey Balduino, beatísimo monarca, igual que su mujer la española Fabiola de Mora y Aragón, suspendió sus funciones durante un día para no tener que firmar la ley del aborto aprobada por el Parlamento.
Don Juan Carlos sancionó pues la ley el 1 de Julio de 2005 y al día siguiente fue publicada en el BOE, de manera que se abría el proceso para que se celebrasen las primeras bodas a partir del día 3 de Julio de 2005.
El día 11 de Julio Emilio y Carlos, una pareja de Tres Cantos, en Madrid, estrenaron la ley. Se habían conocido en 1975, en vida de Franco, y llevaban entonces más de treinta años juntos.
LOS ULTRAS CONTRAATACAN
También, desgraciadamente, la aprobación de la ley fue el pistoletazo de salida para que los sectores ultraconservadores presentaran recursos ante las autoridades, tratando de bloquear la aplicación de la ley.
Después de la negativa de dos jueces a tramitar matrimonios entre personas del mismo sexo el Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad, basándose en que, según su interpretación, el artículo correspondiente de la Constitución prevé solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Las digestiones del Constitucional son lentas, de manera que hasta 2012, cuando ya había miles de personas casadas, no se supo la decisión definitiva. El matrimonio igualitario era, según sus señorías, perfectamente constitucional.
Entretanto, en 2007, una organización ultracatólica, el Foro Español de la Familia, presentó una iniciativa legislativa popular firmada por 1,5 millones de personas, para que el Congreso derogase la ley 13/2005 y consagrase el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.
Como era esperable, la iniciativa legislativa fue rechazada.
En 2009 el Tribunal Supremo denegó que los jueces pudieran aducir razones de conciencia para no celebrar matrimonios homosexuales. Un juez de Sagunto se había negado a hacerlo alegando que era católico (la Conferencia Episcopal, dirigida entonces por el ultra Rouco Varela había llamado a los jueces a incumplir la ley alegando motivos de conciencia). El Supremo argumentó que los jueces se deben al principio de legalidad y que este principio está por encima de las creencias que puedan tener como ciudadanos particulares.
Entre 2005 y 2020, según las estadísticas disponibles, se celebraron en España más de 57000 matrimonios entre personas del mismo sexo. Son un 2,2% del total de enlaces celebrados en una España en la que, de todas maneras, el matrimonio es cada vez menos la forma elegida de las parejas para regularizar su situación.
Cabe destacar también que algunas confesiones religiosas también han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo y, con ello, han contribuido no poco a su normalización.
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